Empresas, trabajadores y organizaciones de la actividad pesquera local realizaron una masiva movilización y elevaron una nota al intendente, al Concejo Deliberante y a la diputada por municipio Patricia Urrutia, en la que piden acompañamiento institucional para reclamar ante la Provincia que se informe públicamente la fórmula de reparto de la Cuota Social Provincial antes de avanzar con la medida.
Caleta Olivia vivió esta mañana una movilización del sector pesquero para visibilizar su preocupación por la inminente implementación del régimen de cuotificación de la pesquería de merluza, impulsado por la Secretaría de Estado de Pesca de Santa Cruz. En el marco de la protesta, representantes de la actividad hicieron llegar una nota formal al intendente Pablo Carrizo, a los concejales del Honorable Concejo Deliberante y a la diputada por el municipio, Patricia Urrutia, solicitando su respaldo institucional ante las autoridades provinciales.
El reclamo central: falta de información sobre la fórmula de reparto
El eje del planteo es que, hasta el momento, la Provincia no dio a conocer la metodología, los criterios ni la fórmula que se utilizarán para distribuir la Cuota Social Provincial. Según se detalla en la nota, las empresas del sector asistieron a la totalidad de las reuniones convocadas por la autoridad de aplicación y en cada una de ellas solicitaron expresamente esa información, sin obtener respuesta. Incluso reiteraron el pedido por escrito, también sin resultado.
Los firmantes sostienen que esa falta de respuesta “no obedece a un simple retraso administrativo, sino a una omisión reiterada y sostenida en el tiempo”, pese a los reclamos formales presentados de buena fe por el sector.
La nota repasa que durante casi tres décadas el sector fresquero de Caleta Olivia se desarrolló principalmente con el esfuerzo, el sacrificio y la inversión de sus propios actores, con escaso acompañamiento de políticas públicas y, en muchos casos, con decisiones administrativas que perjudicaron la actividad.
Se recuerda además que varias empresas, en su mayoría de capital extranjero, abandonaron el negocio cuando dejó de resultarles rentable, dejando a numerosas familias sin sustento, mientras que las firmas que permanecieron —mayormente de capital local— continuaron invirtiendo y sosteniendo el empleo.
Los firmantes advierten que en los últimos años ya se perdió el acceso a recursos estratégicos como el langostino y la centolla, y que ahora existe preocupación por que ocurra lo mismo con la merluza, un recurso clave para la flota, las plantas de procesamiento y miles de puestos de trabajo, con impacto también en comercios, transportistas, talleres navales, proveedores de insumos, estaciones de servicio y otros rubros vinculados.
El petitorio elevado a la Provincia
A través del municipio y el Concejo Deliberante, el sector pesquero solicita formalmente a las autoridades provinciales:
Dejar sin efecto de forma inmediata cualquier decisión definitiva sobre la Cuota Social Provincial hasta que se cumplan una serie de condiciones: informar de manera pública la metodología, los criterios, las ponderaciones y la fórmula de asignación; someterla a discusión efectiva de todos los actores con plazo razonable para observaciones; convocar formalmente a las empresas interesadas para presentar sus antecedentes; y fundamentar técnica y normativamente un eventual límite máximo por empresa, que consideran desproporcionado si no contempla las asimetrías entre los distintos actores del sector.
Que toda medida futura sobre la explotación o administración de los recursos pesqueros esté fundamentada en bases científicas, técnicas y legales, con los estudios e informes correspondientes a disposición pública.
Suspender y prohibir toda modificación de las zonas de pesca dentro del Golfo San Jorge —en particular la Zona A y el colchón de separación con la Zona B— hasta que sean debatidas y consensuadas con todos los sectores.
Cerrar de forma definitiva el ingreso de nuevas embarcaciones a la Zona A del Golfo San Jorge, permitiendo solo el reemplazo de buques artesanales con permisos ya existentes.
No modificar las condiciones actuales de la flota artesanal ni imponer nuevos requisitos, como el monitoreo satelital obligatorio, sin consenso previo.
Que toda futura modificación en el funcionamiento de la actividad sea consultada con todos los sectores representativos —trabajadores, marineros, estibadores, plantas de procesamiento, empresarios y sus organizaciones— junto con las autoridades municipales, a través de una mesa de diálogo con carácter vinculante.
Cumplir estrictamente con la Conciliación Obligatoria dictada en Río Gallegos, que garantizó hasta fin de año la provisión de cuota de Máximo Interés Social y la continuidad laboral de la estiba, los buques y las plantas.
Evaluar la implementación de un límite de captura por marea para la flota artesanal, como medida de administración sustentable del recurso.
En la nota se advierte que cualquier decisión sobre la Cuota Social Provincial que se adopte sin haber recabado previamente todos los datos y antecedentes de las empresas del sector no podrá considerarse válida ni legítima, y que un proceso en esas condiciones resultaría arbitrario. Los firmantes anticipan que, de avanzarse igualmente, impulsarán las acciones que correspondan en resguardo de los derechos de las empresas afectadas.
El texto concluye remarcando que el sector no reclama privilegios, sino participación, transparencia y decisiones fundadas en criterios objetivos, legales, científicos y consensuados, en defensa del trabajo, la producción y la inversión local en Caleta Olivia