La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción confirmó, durante lo que va de 2026, más de ocho despidos con causa de trabajadores del sector minero, luego de que controles de rutina detectaran la presencia de sustancias prohibidas.
Según informó el Poder Judicial de Santa Cruz, la mayoría de los casos se inició en el Juzgado Civil de Puerto Deseado y posteriormente llegó a revisión de la Cámara de Apelaciones.
En sus resoluciones, la Justicia consideró válidos los despidos al determinar que los controles se realizaron de acuerdo con los protocolos establecidos y con intervención de personal de salud especializado. También se tuvo en cuenta que los trabajadores habían firmado, al momento de ingresar a las empresas, compromisos de “tolerancia cero” frente al consumo de sustancias prohibidas.
Los análisis bioquímicos realizados fueron considerados técnicamente válidos y constituyeron uno de los elementos centrales para respaldar las decisiones empresariales.
Los casos involucraron a trabajadores que desarrollaban tareas de alto riesgo en distintos yacimientos, entre ellas operaciones subterráneas, manipulación de explosivos y transporte de personal.
Para la Justicia, las características de estas actividades hacen que el cumplimiento de las normas de seguridad resulte especialmente relevante, debido al riesgo que implica desarrollar este tipo de tareas bajo los efectos de sustancias que puedan afectar las capacidades psicofísicas.
Las decisiones marcan así un criterio relevante para el ámbito laboral minero de Santa Cruz, al respaldar la aplicación de políticas de tolerancia cero cuando los controles se realizan respetando los procedimientos establecidos y cuentan con sustento técnico.