Vialidad Nacional presentó el operativo con una inversión de $22.000 millones y un esquema coordinado con la provincia. Buscan ampliar la cobertura y garantizar la transitabilidad, en un contexto de recorte de personal y deterioro estructural de la red vial
Con la llegada de las bajas temperaturas, el mantenimiento de las rutas patagónicas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. Este viernes, Vialidad Nacional presentó en Santa Cruz el Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026, un operativo que prevé una inversión de $22.000 millones y que apunta a sostener la circulación en uno de los escenarios más exigentes del país.
El esquema combina tareas preventivas, operativas y de coordinación interinstitucional para enfrentar nieve, hielo y temperaturas bajo cero. Según se informó durante la presentación, el objetivo es garantizar la transitabilidad y reducir riesgos en corredores clave, especialmente durante los meses más críticos del invierno.
Uno de los puntos que marcó la jornada fue el intento de mostrar mayor eficiencia en el uso de recursos. Desde el organismo señalaron que este año se buscará duplicar la cantidad de kilómetros atendidos con administración directa, a pesar de contar con una dotación de personal entre un 20% y un 23% menor, producto de retiros y jubilaciones. El dato refleja una tensión de fondo: más cobertura con menos estructura.
El plan también se apoya en un acuerdo con Vialidad Provincial, que tendrá a su cargo 22 puestos invernales distribuidos en zonas estratégicas. Esta articulación permitirá ampliar la presencia territorial, especialmente en tramos de alta complejidad como la Ruta 40, donde las nevadas suelen ser más intensas.
En términos operativos, se desplegarán equipos que trabajarán desde antes del amanecer y durante toda la noche. Entre las tareas previstas se incluyen el riego con soluciones antihielo, el uso de aditivos químicos y orgánicos y el despeje de nieve. Además, habrá controles permanentes del estado de las rutas, con partes diarios de transitabilidad y actualizaciones en caso de contingencias.
Desde el ámbito político se reconoció que el deterioro de las rutas responde a problemas acumulados durante años y que su recuperación demandará tiempo e inversiones sostenidas. En ese sentido, se deslizó la posibilidad de avanzar hacia esquemas de gestión con mayor participación provincial o incluso privada, aunque con limitaciones en regiones de baja rentabilidad.