Cámaras de comercio y la Federación Económica presentaron denuncias formales ante organismos de control fiscal. Acusan a la firma estatal de operar en rubros comerciales privados, vender sin factura y generar una competencia desigual contra las Pymes locales.
La tensión entre el sector privado y el Ejecutivo provincial alcanzó un punto crítico. Entidades empresarias, comerciales y gastronómicas de Santa Cruz presentaron denuncias formales ante la Agencia de Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) y la ARCA (ex AFIP) contra la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U., cuestionando severamente su modalidad de funcionamiento y su irrupción en el mercado local.
La presentación formal acusa a la Sociedad Anónima Unipersonal —cuyo único accionista es el Estado provincial— de incurrir en competencia desleal, eludir controles fiscales, realizar ventas sin la facturación correspondiente y operar en rubros estrictamente privados como verdulería, carnicería, panadería, gastronomía (a través del bodegón estatal “Alma”) y distribución comercial.
El reclamo del sector privado: “Una cancha inclinada”
Desde las cámaras empresariales advierten que la intervención del Estado como actor comercial genera una desigualdad insostenible frente a los comerciantes PyME, quienes deben afrontar impuestos, cargas patronales y alquileres sin respaldo oficial.
Falta de transparencia fiscal: Señalan irregularidades en la emisión de facturas y controles de ingresos.
Injerencia en rubros privados: Cuestionan que la empresa pública compita directamente en la venta minorista y mayorista de alimentos y servicios.
Uso de infraestructura y recursos públicos: Alertan sobre el uso de facilidades estatales no disponibles para el comercio registrado tradicional.
Las organizaciones dejaron además expresamente reservado su derecho a iniciar acciones administrativas y judiciales adicionales si no se fiscalizan las actividades de la empresa.
La respuesta oficial de Santa Cruz Puede S.A.U.
Ante la escalada del conflicto, la conducción de Santa Cruz Puede S.A.U., encabezada por Gustavo Sívori, rechazó categóricamente las acusaciones mediante una solicitada pública e informes ante la Legislatura provincial:
Sin partidas presupuestarias: La firma sostuvo que no recibe fondos del erario provincial para solventar salarios o insumos operativos y que su modelo se basa en asociaciones con el sector privado bajo la Ley de Sociedades Comerciales.
Defensa del Mercado Concentrador: Afirmaron que la puesta en marcha del Mercado Concentrador Patagónico logró reducir en un 30% los precios de frutas y verduras en Río Gallegos, rompiendo esquemas de monopolio comercial y beneficiando al consumidor final.
Cumplimiento normativo: Aseguran estar sometidos a las auditorías del Tribunal de Cuentas y pagar los impuestos provinciales y tasas municipales correspondientes.
Un debate de fondo sobre el rol del Estado
El conflicto abre una discusión profunda en Santa Cruz sobre los límites de las empresas públicas: mientras el Gobierno defiende el esquema como un mecanismo para abatir precios y dinamizar la economía, el comercio local denuncia que se utiliza el aparato estatal para distorsionar el mercado y perjudicar al comerciante que sostiene el empleo formal.