Jubilados y jubiladas de Rio Turbio y 28 de Noviembre viajaron más de 300 kilómetros hasta la Legislatura de Santa Cruz para reclamar el acceso a los medicamentos que necesitan para vivir.
La falta de provisión de medicamentos en la Cuenca Carbonífera obliga a muchos adultos mayores a depender de la solidaridad de vecinos, familiares y trabajadores de la salud para conseguir tratamientos esenciales. Sin embargo, remarcaron que esa solidaridad, aunque fundamental, no puede reemplazar la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud y a una jubilación digna, ni reducir el reclamo a una demanda sectorial o aislada.
En la Cuenca Carbonífera existen cinco farmacias para abastecer a toda la región y, aun así, los faltantes de medicación continúan afectando a jubilados, pacientes crónicos y familias enteras. Durante las distintas reuniones mantenidas con autoridades provinciales participaron varios ministros del gobierno santacruceño y Pedro Hernán Luxen, ministro secretario en la Jefatura de Gabinete, se comprometió a viajar la próxima semana para reunirse con farmacéuticos y con el municipio con el objetivo de avanzar en soluciones concretas frente a la emergencia sanitaria.
El reclamo no gira alrededor de pedidos extraordinarios ni tratamientos inaccesibles: se trata de insulina para personas con diabetes, pañales, medicación cotidiana y elementos indispensables para sostener una vida digna. Son necesidades urgentes y diarias que, cuando no se garantizan, profundizan el deterioro de la salud y la angustia de las familias.
Durante la exposición explicaron que en distintas localidades de Santa Cruz vecinos y organizaciones sucede algo similar y que llevaron a la Legislatura firmas que para respaldan sus reclamos. Señalaron que “no se trata solamente de los viejitos” a quienes golpean los miércoles, sino de una problemática social mucho más profunda, donde las firmas reunidas expresan y certifican un reclamo comunitario frente al deterioro de las condiciones de vida.
También advirtieron sobre la gravedad de la situación económica que atraviesan los jubilados, en un contexto donde la canasta básica supera los dos millones de pesos y el acceso a derechos elementales se vuelve cada vez más difícil.
Además de denunciar la falta de medicamentos, plantearon preocupaciones a futuro vinculadas al acceso al gas y otros servicios esenciales, dando cuenta de una mirada integral sobre la crisis social que atraviesa la provincia. En ese sentido, señalaron que sus acciones no son aisladas ni improvisadas, sino parte de una lucha sostenida frente a la precariedad creciente y al incumplimiento sistemático de lo pactado y garantizado por ley.