La Fiscalía Federal formalizó la investigación contra una red que adulteraba análisis clínicos, historias médicas y certificados de invalidez para cobrar pensiones por discapacidad. El desfalco al Estado nacional asciende a $3.280 millones mensuales.
La Justicia Federal formalizó la apertura de una causa de escala masiva en la provincia de Salta. Tras la audiencia llevada cabo ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Diego Anzorreguy, el fiscal general Carlos Amad imputó a 15 personas acusadas de integrar una aceitada organización criminal dedicada a la tramitación fraudulenta de pensiones no contributivas por invalidez.
Entre los imputados figuran un diputado provincial, tres exgerentes hospitalarios, médicos, bioquímicos, empleados municipales y un exjefe de la ANSES. De acuerdo con la investigación, la banda falsificaba o modificaba certificados médicos, radiografías y análisis de laboratorio para que personas sanas o que no cumplían las exigencias legales pudieran cobrar el beneficio estatal.
A cambio de la gestión, cobraban montos que iban desde los $20.000 hasta $1.000.000 por trámite.
Los nombres y roles clave de la organización
La Fiscalía sostuvo que no se trataba de hechos aislados, sino de un circuito perfectamente articulado:
Gerardo Francisco Orellana (Diputado Provincial por Anta y exintendente): Señalado como el engranaje político de la red. Habría firmado documentos para personas no aptas y utilizado la entrega de pensiones como herramienta de clientelismo político.
Roberto Bernardino Morales y César Ramiro Blanco (Médicos y exgerentes del Hospital de El Quebrachal): Emitían certificados presuntamente apócrifos y armaban “combos completos” de trámite incluso para pacientes sin patologías. Cobraban hasta $1 millón según la gravedad fraguada.
Luciano Benjamín Esteban (Bioquímico): Acusado de falsificar y adulterar análisis clínicos para hacer figurar patologías crónicas como Chagas o diabetes a personas sanas.
Hugo Humberto Massa (Empleado municipal y dueño de fotocopiadora): Utilizaba membretes oficiales e impresiones para confeccionar certificados médicos truchos y hacer nexo con los doctores.
Edmundo Dante Salazar (Exjefe de la oficina de ANSES en El Quebrachal): Cedía sus claves oficiales de acceso al sistema informático a terceros ajenos al organismo para que cargaran expedientes de forma irregular.
María Romano (Acción Social municipal): Se encargaba del reclutamiento de beneficiarios, el cobro del dinero e intermediaba con los médicos y la carga de datos.
Un golpe millonario a las arcas públicas
Las pesquisas judiciales permitieron determinar que el impacto económico de esta maniobra alcanza la cifra de $3.280 millones de pesos mensuales en pérdidas para el Estado nacional.
El juzgado fijó un plazo de un año de investigación penal preparatoria, en el cual se dispusieron inhibiciones de bienes, la prohibición de salir del país sin previo aviso y la obligación de presentarse mensualmente ante la Justicia mientras avanza la causa por fraude a la administración pública, falsedad ideológica y asociación ilícita.